BAJO LA CRUZ DE SANTIAGO: PODER, DINERO Y VIDA EN CORRAL DE ALMAGUER

Las órdenes militares no fueron únicamente hermandades de monjes guerreros empeñados en combatir al islam. Tras la imagen romántica del caballero cubierto con una capa blanca y una cruz roja existía una formidable maquinaria de gobierno. Estas instituciones conquistaban y defendían territorios, pero también fundaban pueblos, concedían fueros, administraban justicia, cobraban impuestos, explotaban molinos, delimitaban términos municipales y decidían quién podía cultivar una tierra o aprovechar determinados pastos.

Entre todas ellas, la Orden de Santiago desarrolló uno de los señoríos más extensos y complejos de la península ibérica. En la Meseta sur llegó a controlar villas, aldeas, castillos, dehesas, caminos, iglesias y grandes explotaciones agrícolas y ganaderas. Dentro de aquella red de poder, Corral de Almaguer alcanzó una posición particularmente relevante.

La presencia santiaguista en la zona estuvo inicialmente vinculada a Uclés, principal centro político y religioso de la Orden en Castilla. Desde allí, los santiaguistas comenzaron a adquirir quiñones -porciones de tierras de cultivo- en el territorio de Almaguer. Estas propiedades constituyeron progresivamente la base económica y territorial de una encomienda independiente.

Una encomienda no aparecía de la noche a la mañana. Primero era necesario conquistar o recibir un territorio, asegurar su defensa, atraer pobladores, poner las tierras en explotación y establecer una organización estable. Solo cuando este proceso había madurado se constituía formalmente la encomienda y se nombraba a un comendador. El nacimiento de la encomienda de Almaguer indica, por tanto, que la localidad había alcanzado suficiente importancia demográfica, económica y estratégica como para disponer de una administración propia.

El comendador no era simplemente un caballero distinguido. Actuaba como gestor de las propiedades y derechos pertenecientes a la Orden: recaudaba rentas, vigilaba las explotaciones agrícolas, administraba justicia y representaba el poder santiaguista. Sin embargo, no era propietario de la encomienda. Dependía del maestre y del Capítulo General, mientras que en numerosos asuntos religiosos quedaba sometido al priorato de Uclés. La autonomía local existía, pero dentro de una jerarquía cuidadosamente organizada.

Uno de los episodios más interesantes de la expansión de Almaguer se produjo alrededor del castillo de Añador, situado junto al río Cigüela. En 1224 aparece Diego González como comendador de aquel lugar. Probablemente se trataba de una administración creada para controlar la fortaleza y organizar la explotación de sus propiedades durante una etapa todavía temprana de ocupación y poblamiento.

Con el paso del tiempo, Añador quedó integrado en la encomienda de Almaguer. El dato demuestra que el territorio gobernado desde Corral era considerablemente más amplio que su actual término municipal y que la consolidación de la villa estuvo estrechamente relacionada con el dominio del valle del Cigüela. Controlar aquella zona significaba vigilar caminos, tierras, pastos, aguas y recursos agrícolas. El castillo no era solamente una construcción defensiva: era también el centro visible de una autoridad territorial.

La Orden adaptaba continuamente sus estructuras a las circunstancias. Algunas encomiendas crecían, otras desaparecían y determinadas fortalezas perdían su administración independiente para incorporarse a núcleos más poderosos. Dentro de ese proceso, Almaguer terminó imponiéndose como el principal centro de su entorno.

En 1241 fue necesario alcanzar un acuerdo para delimitar los términos de Lillo y Almaguer. En la negociación intervino el comendador mayor de Castilla, Ruy Bueso, una de las principales autoridades de la Orden. Aquellas disputas territoriales no eran simples discusiones entre vecinos. Decidir dónde terminaba una jurisdicción y comenzaba otra determinaba quién podía cultivar una parcela, cortar madera, llevar a pastar el ganado, utilizar un camino o cobrar determinados tributos.

Los límites se fijaban mediante mojones, accidentes naturales y testimonios de personas que conocían el terreno. Un arroyo, una senda, un cerro o una piedra podían convertirse en la frontera entre dos poderes. Buena parte de los actuales términos municipales hunde sus raíces en estas negociaciones medievales. La intervención del comendador mayor demuestra, además, que Almaguer no era una aldea irrelevante: sus conflictos exigían la participación de las autoridades superiores de la Orden.

La importancia territorial de Corral de Almaguer también se aprecia en las poblaciones que inicialmente dependieron de su jurisdicción y que, con el tiempo, alcanzaron su propia autonomía. En 1321, Chozas -la futura Villamayor de Santiago- recibió un fuero que le permitió independizarse de Corral. Sus habitantes obtuvieron el derecho a constituir un concejo propio y renovar anualmente sus autoridades. Diez años después, en 1331, Puebla de Almuradiel consiguió separarse igualmente mediante la concesión del fuero de Uclés.

Estas independencias no deben interpretarse necesariamente como síntomas de decadencia. Al contrario, demuestran que la encomienda de Corral había actuado como centro organizador de un territorio extenso. Algunas de sus aldeas crecieron económica y demográficamente hasta reunir las condiciones necesarias para convertirse en villas autónomas. La trayectoria territorial de Corral fue, por tanto, dinámica: primero se formó a partir de propiedades vinculadas a Uclés; después absorbió lugares como Añador y finalmente vio cómo algunos núcleos dependientes adquirían personalidad política propia.

Corral de Almaguer pertenecía a la provincia de Castilla de la Orden de Santiago y, dentro de ella, al Partido de La Mancha y Ribera de Tajo. Figuraba como cabeza de una encomienda propia junto a las de Ocaña, Dos Barrios, Santa Cruz de la Zarza, Villanueva de Alcardete, Mora, Monreal o Villarrubia. Los santiaguistas dominaban buena parte del sector oriental de la actual provincia de Toledo. Sus posesiones no eran territorios aislados, sino una red administrativa unida por fueros semejantes, obligaciones fiscales y una autoridad común.

El maestre ocupaba la cúspide de aquella estructura. Por debajo se encontraban los comendadores mayores, los priores y los comendadores locales. Los concejos gestionaban los asuntos cotidianos y podían elegir a algunas de sus autoridades, pero sus competencias estaban condicionadas por las leyes capitulares y los derechos señoriales de la Orden. Los habitantes disponían de cierta capacidad de autogobierno, siempre que no olvidaran quién poseía la jurisdicción.

La fiscalidad permite aproximarse al peso alcanzado por Corral durante la Baja Edad Media. En 1456 se le atribuye una recaudación aproximada de 38.000 maravedíes mediante el impuesto conocido como las “monedas”. A esa cantidad se añadía una contribución en especie de diez gallinas. El cálculo realizado a partir de la moneda forera ofrece una estimación cercana a los 650 vecinos contribuyentes cristianos.

La palabra “vecino” no equivalía exactamente a una persona, sino que normalmente representaba una unidad familiar o fiscal. La población real de la villa debió de ser, por tanto, considerablemente mayor. A los contribuyentes cristianos había que añadir la aljama judía, registrada por separado. En 1456, su aportación fiscal ascendía a 2.304 maravedíes, cantidad que permitiría calcular alrededor de 39 contribuyentes. La existencia de esta tributación diferenciada confirma la presencia de una comunidad hebrea organizada en Corral de Almaguer a mediados del siglo XV.

Sumando ambas cifras se alcanzarían unos 689 vecinos fiscales. En 1458, la estimación se situaría en aproximadamente 651. Estos datos colocan a Corral entre las poblaciones más importantes del territorio santiaguista manchego, muy por encima de pequeñas localidades como Cabezamesada, que rondaría los 115 vecinos contribuyentes.

Las cifras posteriores reflejan, sin embargo, un descenso: 339 vecinos en 1494 y 384 en 1498 y 1500. Los datos deben manejarse con cautela, porque los registros fiscales no siempre se elaboraban siguiendo los mismos criterios y podían verse alterados por exenciones, ocultaciones, emigraciones o cambios en la recaudación. Aun así, parecen indicar que Corral atravesó una contracción demográfica durante las últimas décadas del siglo XV. El descenso coincidió con un ciclo de epidemias iniciado hacia 1490 y con las dificultades económicas sufridas por numerosas poblaciones castellanas.

Las rentas de Corral llegaron incluso a originar un conflicto que alcanzó al papado. El 31 de enero de 1353, el papa Inocencio VI pidió al infante don Fadrique, maestre de Santiago, que interviniera para que el comendador mayor Ruy Chacón no impidiese a Francisco de San Máximo cobrar ciertos prestimonios situados en la diócesis de Cuenca. Francisco de San Máximo era canónigo conquense, además de notario y secretario pontificio.

Entre los lugares afectados se citaban Corral de Almager, Cabezamesada, Guzques y Cabeza Lebrera. El prestimonio era un beneficio eclesiástico vinculado a determinadas rentas, de modo que el enfrentamiento giraba alrededor de quién tenía derecho a percibir los ingresos generados en aquellos territorios.

Ni siquiera la intervención pontificia resolvió inmediatamente el problema. Durante los años siguientes se repitieron las órdenes porque Ruy Chacón, otros comendadores e incluso el propio maestre continuaban dificultando el cobro. La disputa demuestra hasta qué punto la Orden podía resistirse a las autoridades eclesiásticas -incluida Roma- cuando estaban en juego sus intereses económicos. Las rentas de Corral terminaron enfrentando a un canónigo de Cuenca, al comendador mayor de Castilla, al maestre de Santiago y al propio papa. Nada mal para una discusión que, en el fondo, consistía en decidir quién se quedaba con el dinero.

Con la llegada de la Edad Moderna, la función militar de la Orden perdió importancia, pero su estructura económica continuó plenamente activa. Los maestrazgos quedaron vinculados a la Corona y sus rentas pasaron a formar parte de una compleja administración hacendística. En Corral de Almaguer, la Mesa Maestral percibía tres ingresos principales: el pedido del maestre, la escribanía pública y el portazgo.

El pedido era una contribución señorial exigida a los vasallos; la escribanía generaba beneficios por la elaboración y validación de documentos, y el portazgo gravaba el tránsito de mercancías. Resulta significativo que los diezmos agrícolas no aparezcan entre los ingresos maestrales de Corral. Esto no significa que no se cobrasen, sino que probablemente estaban destinados a otros beneficiarios, como la encomienda, el priorato, la parroquia o alguna institución eclesiástica.

El poder santiaguista no dependía únicamente de la posesión de tierras. La Orden controlaba actividades imprescindibles para la vida cotidiana. Comprar, vender, transportar mercancías o formalizar un contrato podía generar ingresos. La cruz de Santiago estaba presente en las iglesias y fortalezas, pero también en las escribanías, los mercados y la entrada de los caminos.

Un patrimonio tan amplio necesitaba vigilancia. La Orden no se conformaba con nombrar comendadores y cobrar tributos: enviaba periódicamente visitadores encargados de inspeccionar edificios, revisar cuentas, escuchar las quejas de los vecinos y comprobar hasta el último cáliz, molino y mojón. Sus conclusiones quedaban recogidas en los llamados Libros de Visita, una fuente extraordinaria para conocer cómo se gobernaban los territorios santiaguistas durante los siglos XV y XVI.

Las visitaciones eran verdaderas auditorías administrativas, económicas, judiciales y patrimoniales. A través de ellas se podía saber cuánto producía un molino, qué goteras tenía una iglesia, quién debía dinero, qué comendador desatendía sus obligaciones o qué vecino se había apropiado de unas tierras. Los visitadores examinaban iglesias, ermitas, hospitales, fortalezas, casas, molinos, hornos, viñas, huertos y campos de cultivo. Revisaban las cuentas, localizaban bienes desaparecidos, ordenaban reparaciones e imponían sanciones.

También podían reconstruir los límites de un término interrogando a vecinos ancianos para que indicasen, bajo juramento, dónde se encontraban los antiguos mojones. De este modo, aquellas inspecciones afectaban tanto a las cuestiones espirituales como a la propiedad, los recursos y la jurisdicción.

El Capítulo General, presidido por el maestre, era el principal órgano de gobierno. Allí se elegían cargos, se resolvían querellas y se comprobaba el cumplimiento de las visitas anteriores. Junto al maestre actuaban los llamados “trece”, caballeros encargados de aconsejarlo, vigilar su conducta e incluso destituirlo si cometía faltas graves. El Capítulo nombraba a los visitadores, que debían ser personas experimentadas y de reconocida moralidad. Solían viajar acompañados por un clérigo y un escribano, responsable de poner por escrito todo lo observado.

Cuando llegaban a una población, presentaban sus poderes ante alcaldes, regidores, sacerdotes y demás autoridades. Después se difundía un pregón para que cualquier vecino pudiera denunciar los abusos cometidos por comendadores, alcaldes u oficiales. Sobre el papel, nadie quedaba fuera de la inspección.

La realidad, sin embargo, muestra numerosos incumplimientos. Algunos comendadores no pagaban a los capellanes, ignoraban las reparaciones ordenadas o pasaban años sin presentarse en sus territorios. Diego de Avellaneda llevaba tres años sin visitar su encomienda del Hospital de Alarcón. En otros casos, el gobierno quedaba en manos de un mayordomo o de un arrendador cuya principal misión era recaudar las rentas.

También se intentó transmitir algunas encomiendas dentro de una misma familia. En 1498, Alfonso de Acuña figuraba como comendador de Alarcón cuando apenas tenía doce años, aunque todo indica que el poder efectivo continuaba ejerciéndolo su padre. Ejemplos como este revelan la distancia existente entre las obligaciones teóricas de los cargos y su utilización como recompensas políticas o familiares.

Una visita realizada en 1538 a Los Hinojosos permite observar el funcionamiento concreto de aquellas inspecciones. Aunque no se refiere directamente a Corral de Almaguer, resulta útil para comprender lo que los visitadores examinaban en las poblaciones santiaguistas del entorno de Uclés.

En ella se recuerda que Pedro García de Almager, antiguo prior del convento y priorato de Uclés, había visitado la iglesia de Los Hinojosos el 27 de julio de 1532 y decidido anexionar la ermita de San Andrés, junto con sus tierras y bienes, al beneficio parroquial de la localidad. Su denominación podría sugerir alguna vinculación con Almaguer, pero no permite afirmar por sí sola que hubiera nacido en Corral.

La decisión provocó la oposición del concejo de Los Hinojosos, que recurrió ante el Consejo de las Órdenes. La ermita poseía tierras, dinero y trigo, y sus anteriores mayordomos habían acumulado un saldo de 28.078 maravedíes y treinta y tres fanegas y media de cereal. Parte de esos recursos se destinó a las obras de la iglesia principal y otra parte a la compra de dos majuelos. Detrás de la disputa eclesiástica existía, como tantas veces, una cuestión económica.

La visita describió minuciosamente la iglesia de San Bernabé, entonces en construcción. Tenía bóvedas de cantería y un retablo mayor dorado, “labrado al romano”, con imágenes de la Virgen con el Niño, san Bernabé y Cristo crucificado. Poseía cruces y cálices de plata, casullas, capas, libros litúrgicos, órganos y campanas. Las obras habían consumido más dinero del disponible: el mayordomo había recibido 40.453 maravedíes y gastado 43.729.

Los visitadores ordenaron terminar un cáliz, reparar el sagrario, comprar una pila bautismal y recoger limosnas para instalar nuevas puertas. Prohibieron además que los vecinos subieran a las bóvedas para coger pájaros y establecieron que los bancos fueran comunes, evitando que determinadas familias se apropiaran de los mejores asientos. El detalle parece menor, pero revela las luchas por el prestigio y la jerarquía social que podían producirse dentro de una iglesia.

También fueron inspeccionadas las ermitas de San Andrés, San Sebastián, San Antón y Nuestra Señora de la Concepción, además del hospital. Se revisaron tejados, ventanas, campanas, lámparas, tierras y cuentas. Los Hinojosos tenía entonces 110 vecinos y ningún “cuantioso”, es decir, ninguna persona con riqueza suficiente para servir como caballero armado. La visita duró tres días y medio y costó 1.434 maravedíes, pagados entre el concejo y el comendador.

El caso permite imaginar el tipo de controles que debían soportar las restantes villas de la Orden, incluida Corral. No demuestra que todos los problemas encontrados en Los Hinojosos se reprodujeran allí, pero sí explica el procedimiento administrativo al que estaba sometida su encomienda: presentación de poderes, pregón público, inspección de edificios y objetos, revisión de las cuentas y emisión de órdenes que debían comprobarse en la visita siguiente.

Durante los siglos XVI y XVII, además, los territorios de las órdenes militares experimentaron una extraordinaria proliferación de conventos. Antes de 1500 existían pocas comunidades religiosas, concentradas principalmente en los grandes prioratos. Más tarde se instalaron franciscanos, dominicos, carmelitas, agustinos, trinitarios, mercedarios y otras congregaciones.

Corral de Almaguer participó plenamente en este fenómeno. En 1594 se fundó un convento masculino de franciscanos descalzos alcantarinos, el de San Diego, una de las ramas más austeras de la familia franciscana, caracterizada por la pobreza, el rigor penitencial y una arquitectura deliberadamente sencilla. Sus religiosos vestían sayal, caminaban descalzos y defendían una vida apartada de cualquier comodidad. Este convento se encontraba a la salida del pueblo, en lo que hoy es el camino al cementerio que va paralelo a la carretera. Al llegar a una bifurcación de caminos antes de llegar el cementerio, concretamente a unos 100 metros a la derecha.

En el siglo XVI aparece también una comunidad femenina. Corral contaba así con dos establecimientos religiosos de naturaleza diferente: uno masculino y franciscano y otro femenino que seguía las reglas de la Orden de San Agustín pero que pertenecía a la Orden de la Inmaculada Concepción, el convento de San José fundado en 1574. Los conventos no eran únicamente lugares de oración. Recibían donaciones, poseían propiedades, encargaban obras artísticas, proporcionaban asistencia espiritual e intervenían en la vida económica y social de la villa. También ofrecían prestigio a las familias que financiaban capillas, enterramientos o fundaciones piadosas.

La trayectoria de Corral de Almaguer permite contemplar, a escala local, el funcionamiento completo del poder santiaguista. Primero fue un territorio relacionado con Uclés; después se convirtió en cabeza de una encomienda; integró castillos y aldeas; delimitó sus fronteras; vio independizarse a algunas de sus poblaciones; reunió comunidades cristianas y judías; pagó impuestos al maestre y quedó involucrado en conflictos económicos que llegaron hasta el papado.

Su importancia no dependió de haber protagonizado grandes batallas. Se construyó mediante algo menos espectacular, pero mucho más decisivo: el control continuado del territorio. Tierras, pastos, molinos, caminos, tributos, concejos y beneficios eclesiásticos formaban un engranaje que conectaba Corral con Uclés, Cuenca, la Corona y Roma.

Durante siglos, la Orden de Santiago fue para los habitantes de Corral mucho más que una cruz pintada sobre los muros. Era la autoridad que concedía fueros, nombraba comendadores, fijaba fronteras, cobraba portazgos, inspeccionaba iglesias y podía enfrentarse al papa por las rentas locales. Gobernaba las tierras, vigilaba las almas y llevaba las cuentas con una precisión formidable. Y, cuando la ocasión lo exigía, también cobraba en gallinas.